Badische Presse - Congreso aprueba la Ley de Sometimiento para reformar el orden público y desmantelar grupos armados

La coalición gubernamental en el Congreso de la República ha logrado aprobar, con la precisión y celeridad descritas como un "reloj", la normativa que actualiza sustancialmente la ley de orden público. Esta aprobación materializa una de las principales promesas electorales del presidente Abelardo de la Espriella y representa un cambio de paradigma en la estrategia estatal frente a la insurgencia y el crimen organizado. El nuevo régimen legal, conocido operativamente como "ley de sometimiento", desmonta explícitamente la política de "paz total" implementada durante el cuatrienio anterior, considerada por sus detractores como una de las más polémicas y perjudiciales para la seguridad nacional.

El estatuto aprobado esta semana introduce un tratamiento penal diferenciado que combina penas de cárcel con sitios de reclusión alternativos, fundamentándose en principios distintos a los adoptados tradicionalmente por administraciones previas. El desarrollo legislativo se estructura alrededor de cuatro ejes fundamentales: el restablecimiento y mantenimiento del orden público en todo el territorio nacional; la protección de la población civil y la garantía del ejercicio de sus derechos; la transformación territorial integral, identificada como uno de los componentes más trascendentales de la nueva normativa; y el desmantelamiento definitivo de los grupos y actores armados ilegales o terroristas.

Un aspecto central de esta nueva ley es que, aunque establece condiciones penales favorables para los miembros de grupos armados ilegales que decidan someterse al régimen jurídico, son las condiciones las que ahora fija el Estado. El objetivo declarado es aminorar, en la mayor medida posible, la impunidad y desmontar la costumbre del sistema político colombiano de obrar bajo las condiciones impuestas por los violentos. El sometimiento a la justicia ya no se concibe como un acuerdo entre partes beligerantes, sino como un proceso unilateral donde el Estado impone los términos.

Para acogerse a este nuevo régimen, los grupos deben cumplir con requisitos estrictos: desarme completo y verificable, entrega de bienes adquiridos mediante la actividad delictiva, desmontaje de las estructuras criminales y los engranajes de control en los territorios, reparación efectiva a las víctimas y un compromiso total en el aporte de verdad ante los organismos judiciales. De manera crucial, se establece un veto expreso para otorgar estatus político a esas organizaciones ilícitas. Aunque delegados del Gobierno pueden sentarse a acordar los términos iniciales del proceso, la condición predeterminada es que no existe "parte beligerante" ni reconocimiento político alguno.

El propósito claro del nuevo estatuto legal es evitar los errores de procesos de sometimiento anteriores y de acuerdos de paz que derivaron en impunidad, con especial cuidado en el rigor de las sanciones a los responsables de graves crímenes, muchos de ellos de lesa humanidad. Se afinan los mecanismos para que las víctimas tengan acceso efectivo a la reparación y una intervención más activa en la etapa judicial. La ley establece expresamente que las víctimas podrán oponerse al otorgamiento de beneficios de libertad condicional a quienes cometieron delitos contra ellas, aunque el concepto presentado por la víctima no es obligatorio para el juez.

El capítulo referente a las garantías de reparación a las víctimas se presenta como uno de los más sólidos del nuevo estatuto. A partir de esta ley, el Ministerio de Justicia deberá presentar cada año un informe público al Congreso sobre los indicadores de cumplimiento de sus postulados, incluyendo con detalle el nivel de cumplimiento de la reparación efectiva a las víctimas.

La pregunta sobre si esta será una "buena ley" encuentra respuesta en su concepción: está bien diseñada y desarrolla una ruta clara con etapas administrativas y judiciales, basada en principios que podrían asegurar un orden más justo y mayor respeto por la dignidad de las víctimas. Sin embargo, la expedición y sanción presidencial no garantizan por sí solas el desmovilimiento efectivo de las organizaciones armadas. El éxito futuro depende de la voluntad de las ramas del poder público, en particular del Gobierno y su fuerza pública, así como de la justicia.

Los grupos criminales no están inclinados a acogerse a esta nueva modalidad por defecto, ya que no están acostumbrados a que el Estado imponga las condiciones. Para romper con esas tradiciones claudicantes, el actual Gobierno deberá garantizar una actuación eficaz de las Fuerzas Armadas, recuperar su capacidad de acción y reacción, y hacer que para las organizaciones sea más conveniente acogerse a la ley que resistir la persecución implacable del Ejército, la Fuerza Aérea, la Armada Nacional y la Policía. Para estas instituciones, la voluntad no basta; requieren medios tecnológicos, apoyo gubernamental y social, amparo jurídico y el restablecimiento de su moral.

Mientras se lleva a la práctica esta normativa, existe la satisfacción de que la política de "paz total" ha quedado abolida. El país padeció no tanto un gobierno claudicante, sino uno cómplice, cuya laxitud absoluta fomentó la delincuencia y facilitó sus múltiples formas de actuación. Se considera que era hora de parar y de que, por fin, fuera el Estado el que marcara la ruta en la recuperación de la legalidad, tan extraviada en el pasado en los vericuetos de negociaciones cuestionables y poco dignas.

H.Baumann--BP